Aporte de COFE al XII Congreso del PIT-CNT

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Ahora es tiempo de empujar a la clase, de definir el porvenir, como dijo Artigas: "La causa de los pueblos no admite la menor demora"

 

Pensar el desarrollo del país son viejas aspiraciones que rescata ideas aún más viejas que cobraron algún sentido en la década de los 40' con conceptos del siglo XVIII o anteriores como el crecimiento económico, la libertad, igualdad, solidaridad, o más nuevos, tal como la mejora de las condiciones de vida, la distribución de los ingresos, y otros etcéteras. Hoy se retoman para el debate en la medida que permiten articular ilusiones, sabemos que el desarrollo en el entendido de conseguir condiciones de vida comparables a la de los países ricos es un “gran mito”, pero soñar con el desarrollo es todavía una “idea fuerza” que alienta el objetivo de articular un proceso social capaz de desatar energías de cambio social, pero en el sentido de superar de una vez por todas esta sociedad sin explotados ni explotadores. El horizonte no se puede confundir con el camino, pero hay que construir un camino hacia el horizonte ese es el destino irrenunciable de cualquier comunidad que tienen un proyecto político a perseguir.

Dos debates estratégicos están presentes en el Uruguay contemporáneo. Uno desde los actores o agencias participantes en el gobierno, que ven al desarrollo como resultado de acciones o políticas con metas predefinidas (por ejemplo de crecimiento económico, inflación, disminución de la pobreza, aumento del empleo, del consumo y disminución de la desigualdad, etc.). El otro que se le enfrenta desde los sectores populares comprende a ese desarrollo como producto del funcionamiento del sistema económico, es decir, como consecuencia de un conjunto de prácticas que son parte de la estructura institucional y social (que buscan una forma diferente de estructura productiva, de vínculo entre las clases, y desafían el sistema de dominación actual).

En el primero de los debates se encuentra la preocupación dominante de mejorar las condiciones económicas para que los agentes mercantiles maximicen su beneficio, así el país se inserta en una economía regional extractivita, ofrece recursos naturales valiosos para la expansión capitalista y debe también absorber o lidiar con las asimetrías que ello genera, las desigualdades estructurales y la economía criminal que se desarrolla en los intersticios del mercado (i.e. narcotráfico, delincuencia, etc.). El segundo, es propio de los sectores que buscan enfrentar la hegemonía dominante, por lo cuál su primer enfrentamiento es justamente contra las manifestaciones de tal hegemonía en la misma cabeza de los oprimidos; de aquí que esto es interpretado por el sistema de ideas hegemónicas como un pesimismo biológico. Sin embargo, “el conocimiento no es pesimista ni optimista, persigue la objetividad. El pesimismo o el optimismo son el modo como hacemos frente a sus consecuencias prácticas, resignándonos a ellas o buscando superarlas. El empeño por estar a contracorriente de la hegemonía conservadora es, a su manera, una forma de lucha por la emancipación...” (Stolowicz, 2012; p.11).

Esta aspiración, implica para el país discutir e interpelar la inserción internacional subordinada del país, cuestionar el papel del Estado que brinda condiciones generosas a las grandes inversiones con la esperanza que mejoren el crecimiento y el empleo, pero que refuerza la dependencia externa y cercena las decisiones nacionales. El financiamiento a dicho desarrollo viene generando vulnerabilidades varias, tanto cuando las inversiones buscan otros cielos o los procesos de recesión llevan al endeudamiento público. Empero, cualquier cambio en tales sentidos, o en otros más desafiantes que puedan surgir de los sectores populares, pasa sin duda por interpelar los equilibrios de clases existentes o los pactos dominantes que, a pesar de resultados electorales, varios cuestionamientos están en el imaginario colectivo.

La lucha como ley primera de la existencia...

La nueva etapa que vive el país lo tiene ante una situación límite en varios sentidos.

Primero, asume el gobierno las fuerzas progresistas que van por el tercer lustro al frente del ejecutivo; y para los gobernantes, el resultado electoral siempre aparece como criterio de verdad de que se están haciendo las cosas bien... entonces, para qué cambiar, si la gente expuso su preferencia electoral en el mismo sentido de lo que se venía haciendo.

Segundo, la percepción de muchos sectores es que si bien se comprueban algunos avances en las condiciones de trabajo y de vida de los sectores más sumergidos, tales mejoras distan mucho de convertirse en estructurales. La lectura más recurrente en el movimiento obrero organizado es que las mismas penden de un hilo porque fueron producto de una coyuntura favorable en términos económicos y de una etapa que exigía legitimación social para la izquierda novel en el gobierno.

En tercer lugar, el país enfrentará en esta legislatura que comienza el fin del superciclo de bonanza de los precios internacionales de las commodities, también sentirá los coletazos en su demanda externa de una crisis europea aún no resuelta, pero más que nada la región se sume en una desaceleración económica importante y una crisis política de dimensiones preocupantes (Argentina, Chile, Brasil, Venezuela).

Como corolario, estos elementos todos coadyuvan para que las condiciones de la clase obrera vuelvan a ser de lucha organizada y permanente para poner de una vez por todas los grandes temas nacionales y de la clase en discusión para llevar la agenda social más cara de los uruguayos en clave de agenda política para avanzar en objetivos concretos de cambio social.

La agenda mediata... innegociable... el horizonte de lucha

Los trabajadores estamos convencidos que la lucha tendrá un final (o nuevo principio) feliz cuando tiremos todas las cadenas de opresión y que comiencen a cumplirse aquellos sueños de que hablaba el escritor y compañero desaparecido recientemente Eduardo Galeano “Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión... La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla... La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla... La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda...”

Para ese sueño debemos rescatar la lucha inclaudicable por una modalidad de desarrollo que ponga en el centro los sectores populares, los trabajadores, los productores directos y que el poder se ejerza a partir de los intereses, la participación y movilización de esos sectores con horizonte nacional. Esto implica cuestionar fuertemente la forma dominante del desarrollo actual y el bloque de poder que la sustenta, misma que exige una institucionalidad permisiva con las inversiones extranjera, es extremadamente bondadosa con el capital y particularmente dura con el trabajo.

Por lo tanto, afirmamos que debe rearticularse el Estado, eso es el conjunto de las relaciones sociales e institucionales que lo definen. Ahora el Estado deberá prescindir de los intereses propios de ese bloque dominante que ejerció el poder en el país sin restricciones, exportadores, importadores, la gran burguesía comercial y financiera (ET), la banca transnacional y sus organismos financieros que la impulsan. En los últimos 25 años la clase obrera resistió los embates del gran capital transnacional y sus múltiples disfraces, todos relucientes y envueltos en la ideología del crecimiento económico.

Primero, fueron las reformas económicas articuladas en los programas financieros de “apoyo” a la estabilización que permitirían que los países enfrentaran los endeudamientos galopantes. De la mano de esos organismos internacionales (FMI, BM, OMC) se instrumentó el tristemente célebre “Consenso de Washington” que articulara esas reformas económicas con los objetivos de desmantelar el Estado (productor, regulador, atento al bienestar social); desregular las economías domésticas y liberalizar el comercio exterior y los flujos financieros de manera de alentar la eficiencia productiva de la mano de empresas que se transnacionalizaban y prometían empleo, crecimiento económico y derrama económica en el conjunto de la población.

Asimismo se pensaba en una “zona de libre comercio” desde “Alaska a Tierra del Fuego”; libre comercio que sería más bien un comercio administrado por los intereses del imperio americano y sus socios de turno. De esa pesadilla nació el MERCOSUR, hoy en grandes dificultades, inoperante, incompetente para convertirse en un acuerdo político que fortalezca las debilidades económicas; fiel a su nacimiento (putativo, referido solo a los intereses imperiales y al lugar subordinado que a los países del sur la división del trabajo mundial le asignaba) funciona como una plataforma endeble donde las grandes empresas transnacionales o travestidas en multilatinas realizan la valoración de capital cuando las opciones son menores en el centro capitalista.

Hoy día arrecia el capital transnacional pero ya no con las propuestas liberalizantes o privatizadoras de antaño; si bien el espíritu sigue siendo el mismo, generar un ámbito propicio para la valoración de capital sin tener los controles nacionales o democráticos tan temidos por los actores empresariales. Entre las propuestas actuales aparece el recientemente famoso TISA (por su sigla en inglés: Trade in Service Agreement) que propone la liberación de los servicios al gran capital y restringe la capacidad de hacer política como de instrumentar leyes que apuntalen intereses nacionales.

El argumento que apoya tales tratados es insertarse en “las cadenas de valor” de la economía mundial, las cuáles guardan para nuestros país, según atestigua la historia de la región, un lugar subordinado y dependiente. Se explica así la petición de Uruguay para su integración al TISA (Trade in Services Agreement), cuestión que pasara desapercibida en principio (incluso para los senadores del partido gobernante) pero muy bien recibido por la Unión Europea (donde el comercio de servicios acumula 75% del PBI y los empleos de dicha región). El TISA permite la apertura de los servicios que en muchos países están protegidos incluso de los tratados de libre comercio; de allí que lo países centrales se han dado a la búsqueda de nuevos instrumentos de apertura donde sus inversores puedan obtener beneficios.

En el TISA se prevé:

a) libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo;

b) trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros del acuerdo (Elías, 2014, p.3).

Como el mismo Elías sostiene, otras tres “Blindajes” se utilizarán para el cumplimiento de estos objetivos: 1) el referente al “status quo” “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos”, mediante lo cual los próximos gobiernos no podrán volver tras los pasos de la liberalización; 2) las “disposiciones de trinquete” que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (revisar las medidas que entorpecen el acuerdo) y 3) correspondiente al tratamiento de las diferencias donde “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia”; implica que serán tribunales supranacionales como el CIADI los que tendrán a su cargo la resolución de controversias.

El movimiento sindical uruguayo ya comenzó un debate y movilización para transparentar la agenda de la discusión política a este respecto, mostrando cómo tales acuerdos siguen (al igual que los distintos TLCs) tienen el sentido de limitar la soberanía y terminan afirmando la imposibilidad de que el país tenga capacidad para construir un conjunto de decisiones autónomas, nacionales y que apuntalen un “desarrollo nacional” por fuera de lo que son los circuitos de la acumulación de capital transnacional. Pueden eventualmente sí, generar beneficios tales como aumento del comercio, mayores inversiones extranjeras en estos sectores, tal vez mayor crecimiento económico con el impacto coyuntural de tales inversiones; pero sin duda menor capacidad del Estado para diseñar políticas soberanas y planeación estratégica, ya sea en comunicación, salud, educación y seguridad pública, regulación financiera o accesos universales a otros servicios futuros.

Estos temas vuelven a presentarse emporifoliados con ropajes viejos, como fuera antes el TLC con EEUU presentado como “el último tren” y que la movilización popular, centralmente el movimiento obrero organizado, rechazara haciendo entrar en razón a las autoridades de gobierno. Ahora aparece una inserción internacional que apunta al mismo eje económico pero con los países del pacífico (México, Chile, Perú, Colombia y EEUU), esto lejos de presentar una opción económica clara genera un malestar importante en los ámbitos políticos del MERCOSUR. Lo mismo ocurre con el interés de Uruguay de generar tratados con la Unión Europea por fuera del MERCOSUR, cuestión independiente de que el acuerdo regional no trae beneficios claros para el país. Ahora se agrega el TISA, en ese afán de liberalización a toda costa, cuando en la región hay varios países que vienen afirmando la idea de que el libre comercio no es una respuesta válida a los anhelos de desarrollo, como decía Galeano en las Venas Abiertas de América Latina; “cuanto más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios”.

Los mitos acerca de la necesidad de integrar las cadenas de valor internacional so pena de quedarse marginado de la economía mundial y de los beneficios que se perderían, es posible debatirlo a partir de las experiencias de países que son centrales en esas cadenas. Tal el caso de China, nadie discute que hoy día es por demás arduo acceder a una mercancía de la industria textil, o de la electrónicas y pronto de los autopartes que no tengan alguna relación con la economía del gigante asiático. El reconocido economista Gereffi (recientemente pasó por Uruguay) muestra el ejemplo de la industria del teléfono más popular en el mundo rico, los iphone de Mac, en cuyo proceso productivo participan varios países (EEUU, Alemania, Corea, Francia, Japón y la misma China). Un teléfono cuyo costo de producción es de U$S 194,04 (dólares americanos), EEUU aporta el conocimiento (se queda con U$S 24,63), Corea (U$S 80,05) y Alemania (U$S16,04) por varios insumos y China se encarga del ensamblaje (quedándose con solo U$S 6,54 por su valor agregado). Sin embargo, ningún proceso productivo deja solo beneficios, por ejemplo el caso que ocupa le genera a China un gran perjuicio en las muertes de jóvenes que se encargan del ensamblaje y se ven expuestos a la manipulación de benceno, sustancia que genera leucemia precoz; sin hablar de cuestiones más económicas como el desempleo tecnológico o problemas medioambientales que la industria causa (White y Zhang, 2014).

El movimiento obrero es el último reducto de la defensa de la soberanía nacional, la central obrera sabe que en ella radica la potencialidad de unir a todo el movimiento popular y también tiene muy claro que sus fuerzas son suficientes primero para generar una concientización de este tema en particular y también, por supuesto, que debe ser el gérmen para discutir un proyecto de país productivo y solidario con el único interés de construir “la pública felicidad”. Y, nadie ignora, que esa felicidad será plena en un mundo donde no existan explotados ni explotadores, un mundo democrático y solidario donde cado uno obtenga lo que realmente necesita.

El presupuesto: la lucha inmediata que se proyecta en el horizonte

Varios son aspectos del debate reciente y que se plasmarán en la discusión sobre la ley de presupuesto, misma que deberá ser la expresión financiero contable que plasme las metas y objetivos donde se traduzca el programa de gobierno y asignar los recursos congruentes con el desarrollo nacional de los próximos cinco años. Sin embargo, todos sabemos que los programas de gobierno son como grandes titulares y aspiraciones que muchas veces, lamentablemente, cumplen objetivos electorales y de responder a reclamos más o menos importantes en la discusión coyuntural. Sabemos también que la lucha es fundamental para discutir los objetivos del gasto y para que realmente se logre centrar los intereses de los sectores populares de cara a los grandes problemas del país.

En tal sentido, la discusión que se avecina rescatará temas como la infraestructura, la energía, la logística necesaria, aspectos de seguridad interna, la formación, capacitación y característica de la fuerza de trabajo para los nuevos empleos que se creen, discutir la educación que queremos y la que necesitamos, el alentar un crecimiento dinámico que busque expandir los sectores productivos, diversificar la economía y dotarla de una estructura más productiva que especulativa, mejorar los salarios e ingresos de las familias y discutir el papel del Estado y sus empresas públicas, la inserción en el mundo pero no solo la política comercial sino la integración productiva y solidaria, el carácter del financiamiento y las renuncias tantos fiscales como de soberanía que se hace a cambio de los flujos de capital necesarios.

Muchos son quienes señalan algunos cuellos de botella para el futuro, por ejemplo la infraestructura que no acompañó algunos cambios en la actividad productiva y hoy presenta límites importantes. Se invirtió en alternativas energéticas, quizás esperando algunos de esos nuevos sectores que todavía no son una realidad. Las comunicaciones viales están amenazadas por el desfasaje entre su utilización y su crecimiento (y mantenimiento), el desarrollo de los trenes sigue siendo una utopía donde ni el Estado ni el sector privado avanzaron.

La lucha salarial tiene que volver a poner en el centro la lucha por la apropiación de la plusvalía, y no contentarse con la discusión sobre el mero mantenimiento del salario real o un incremento acotado siempre a una expresión por debajo del aumento de la productividad como viene siendo la lógica de los últimos años.

Ideas para el debate sobre el horizonte de lucha

Ante los intentos por mantener las entelequias de siempre, el “espacio fiscal” o el mejoramiento “del déficit”, o el mantener la razón deuda-producto todos argumentos recurrentes en momentos de desaceleración económica o eventuales crisis. Ante tales argumentos la clase obrera debe sostener que otras políticas podrían discutirse en el mismo sentido de aumentar los gastos para enfrentar las prioridades de gobierno, claro que implicaría revisar algunas líneas de la política económica actual. Proponemos para comenzar la discusión:

1. El país tiene un monto importante de reservas, inutilizada (salvo como señal previsora ante la mirada atenta del mundo financiero) y cuyo costo de mantenimiento es oneroso, su utilización en especial para la realización del gasto de inversión pública, infraestructura, redes ferroviarias, carreteras puede resultar una opción válida.

2. La revisión del sistema impositivo se vuelve imprescindible si el proceso de desaceleración económica afecta objetivos de empleo o de recuperación salarial que deberían estar en la base de cualquier gobierno de izquierda. Revisar en este sentido el monto de gasto fiscal (renuncia fiscal que alcanza al 6,4% del PBI más que el gasto prometido en educación al 2020) del que se benefician las zonas francas, o repensar la ley de promoción de inversiones (en especial para los sectores de bajo valor agregado), volver a tasas anteriores del impuesto a las rentas de la actividad económica.

3. Objetivos de distribución se lograrían aumentando el mínimo no imponible del IRPF para cumplir con la Ley N° 18.910, aprobada en 2012 y que habilita al Poder Ejecutivo a elevar de 7 a 8 BPC dicho mínimo; a la vez sería deseable pasar a definir la evolución de las BPC con referencia al salario medio (hoy se ajusta por el IPC), o aumentar las alícuotas para los ingresos mayores. La modificación propuesta recientemente por el poder ejecutivo donde separa el aguinaldo y el salario vacacional a la hora del cálculo del impuesto es, para decir lo menos, una forma muy conservadora que no alivia las injusticias de esta carga que recauda el 86% de los bolsillos laburantes.

4. Alentar una modalidad de desarrollo que aliente mayor valor agregado de la producción y con ello mejores puestos de trabajo, lo que pasa por prohibir las exportaciones de animales en pie o de piedras extraídas y que se venden sin transformaciones… pero además que apunte a una menor concentración económica de forma de democratizar el sistema productivo y, con ello, hacer más igualitario el poder de mercado de los agentes económicos.

5. Un frigorífico nacional y entes que atestigüen precios de producción para la canasta básica de alimentos, serían importantes para eliminar las conductas especulativas y esenciales a la hora de defender el poder adquisitivo y la soberanía alimentaria de los ciudadanos más desvalidos.

6. La gran discusión pendiente sigue siendo la inserción internacional del país y su congruencia con una modalidad de desarrollo con autonomía soberana. Se repite a estas horas la coyuntura ya vivida en el primero de los gobiernos de Vázquez donde se impulsara una política exterior (desde el Ejecutivo) de espaldas a la región. En aquél entonces, justo es decirlo, se encontró con un Ministro de Relaciones Exteriores (el hoy fallecido Reynaldo Gargano) que resistió y confrontó con las ideas impulsadas por el Ejecutivo y se facilitó que la movilización popular resistiera el TLC con EEUU. Hoy se pone sobre la mesa la Alianza del Pacífico (EEUU, Colombia, Chile, Perú y México) y el tratado del TISA (Trade in Services Agreement) que pondría en entredicho acuerdos regionales como varios de los servicios públicos, las compras y los monopolios estatales; como así decisiones estratégicas que podrían ser necesarias en el futuro (i.e. protección de algún sector naciente) ya que el mismo obliga al trato igualitario al capital extranjero.

7. Peor aún es que se consolida una modalidad de desarrollo basada en las decisiones de las grandes corporaciones foráneas, difícilmente en sintonía con los intereses nacionales, los sectores populares, los trabajadores, los productores y las empresas públicas que tanto costó consolidar y que los uruguayos decidimos que sigan en manos del colectivo nacional (léase: salud, educación, servicios financieros, agua potable, energías en todas sus gamas, logística, comunicaciones, puertos, compras, etc.).

8. La decisión de los últimos gobiernos (cuasi secreta, inconsulta y plagada de incertidumbres) de incorporar el país al TISA es más que nada una renuncia a la democracia y la institucionalidad jurídica regida por la Constitución tan cara para los uruguayos. Las disposiciones del TISA avanzan sobre los sistemas jurídicos atándolos a los ámbitos internacionales donde las grandes corporaciones económicas dictan la institucionalidad correcta para la expansión de sus intereses.

9. La discusión se vuelve imprescindible ante la coyuntura política y económica que se dibuja en el horizonte, los trabajadores lo saben y ya estudian, intercambian, debaten e interpelan al ejecutivo y legislativo que tienen en sus manos decisiones transcendentes para el futuro del país.

10. Los trabajadores públicos aspiran a debatir algunos ítems de la reforma del Estado impulsada por Mújica e incluso convertidas en ley como el Estatuto del Funcionario Público. Allí se plasman varios aspectos que son un retroceso para los trabajadores, en especial el achatamiento y reducción de la carrera administrativa, llevada adelante con oposición de los trabajadores y aún no reglamentada; y que debe ser objeto de debate para alentar un estado eficiente, pero controlador y garante de los derechos de los trabajadores y de los recursos públicos.

Ojala valga la oportunidad para fortalecer la unidad de los sectores que desarrollan su conciencia, y a la vez, zurcir las diferencias entre el vasto contingente de fuerzas subalternas que pujan por una sociedad más justa y solidaria que, a falta de mejor nombre, llamamos socialista.

Los trabajadores de COFE y su plataforma particular

Los trabajadores públicos en particular comenzamos el debate en este nuevo período de gobierno esperanzados en lograr revertir algunos aspectos del Estatuto del Funcionario Público votado en la administración anterior pero no reglamentado aún en varios tópicos. La lucha fue ardua, y la negociación llevada adelante permitió revertir algunos aspectos claramente perjudiciales del Estatuto original presentado por el Poder Ejecutivo; no obstante, al llegar a la carrera administrativa se dio por finalizada dicha negociación sin la posibilidad de discutir temas centrales que son caros no solo para los trabajadores sino para la misma administración pública. Fue así que se ratificara el achicamiento de la “pista” por la que transita la carrera administrativa, con el consecuente desestímulo para los funcionarios, sus proyectos de vida y con ello el mejor entorno de condiciones de trabajo. Hemos rechazado firmemente el escalafón de conducción, si bien se promovería el concurso de las funciones de Gerencia de Área y Dirección de División, seguramente se hará sobre la base de la aceptación de algunas líneas políticas independientemente de capacidades técnicas y/o conveniencias. Lo peor de tales propuestas es que desestima las memorias institucionales y las capacidades de liderazgo de la gerencia pública de carrera, y se hipoteca la posibilidad de tenerlas, generando lealtades políticas por sobre el compromiso de la función pública y las necesidades de la administración.

Según el Estatuto del Funcionario Público también se dispone que los servicios descentralizados en un plazo de dos años de su promulgación (cuestión que se cumple este año) comiencen a regirse por las normas que el mismo contiene. Esperamos en tal sentido rediscutir tales aspectos revisando aquellos tópicos que no fueron negociados, y que en particular, se espera que sean por demás dañinos para el sector público. A su vez, basados en algunas señales de las nuevas autoridades (en especial del MTSS) aspiramos a fortalecer los ámbitos de negociación colectiva, si bien reconocemos en el instrumento un avance legislativo éste en los hechos no resultó para los funcionarios públicos en una verdadera participación en las decisiones que los afectan. Quizás haya que discutir algunos aspectos para reglamentar la “buena fe” en que se basa de manera casi exclusiva la negociación o buscar alguna forma de asegurar que aquellos actores que no logren los objetivos de crear ámbitos propicios puedan también ser evaluados.

El fortalecimiento de los salarios es para los funcionarios públicos un aspecto central porque vienen de un proceso de empobrecimiento relativo importante. Si bien reconocemos que la suba de los mínimos salariales y algunas disposiciones relativas a la regulación de la relación capital-trabajo mejoraron las condiciones de aquellos trabajadores privados de menor organización sindical (rurales, domésticas, trabajadores de servicios) que festejamos, no ha sido la experiencia de los correspondientes a la administración central. El salario promedio en el sector privado creció durante el primer gobierno de Vázquez el 28% mientras los públicos lograron un 25% (incluyendo la recuperación acordada de lo perdido en la crisis 2002); pero en la administración Mújica los privados incrementaron sus salarios un 20% mientras que los públicos apenas lograron un magro 6,5%. A esto le llamamos empobrecimiento relativo, los salarios públicos se alejan de la evolución de sus homólogos privados. También valga resaltar que las estrategias de política usadas por el anterior gobierno en momentos que la inflación se acercaba a ese 10% que hubiera disparado los mecanismos de negociación, por ejemplo los acuerdos momentáneos o las rebajas de tarifas públicas (i.e. UTE premia) incidieron de manera tal que propinó una importante pérdida financiera que llevó a varios segmentos de trabajadores no mantenieran sus salarios en términos reales.

La lucha de los trabajadores públicos por mejorar sus salarios pasa por revisar los métodos que el artículo 4to. de la anterior ley de presupuesto instaló, debería activarse el mecanismo de negociación colectiva para lograr una justa retribución. Dicho artículo 4to. fijó la forma en que los trabajadores públicos ajustan su salario, esto se realiza teniendo en cuenta el centro de la banda pre-fijada por el BCU como objetivo de inflación ajustado por la discrepancia del mismo con la inflación observada. No obstante, la política monetaria pierde credibilidad porque durante los últimos cuatro años la inflación se alejó del rango meta y el IPC es manipulado por “políticas heterodoxas” de acuerdo de precios o rebaja de tarifas en los últimos meses del año.

El fortalecimiento del salario pasa también por debatir una reestructura que reflote una carrera administrativa con incentivos adecuados, un conjunto de grados y diferencias salariales entre ellos que permita la construcción de una tabla salarial. Los mínimos indispensables para la COFE deben fijarse en la media canasta para el nivel (grados) de ingreso y las 30 horas de dedicación; con este punto de inicio se puede abrir un camino para fijar otra forma de crecimiento salarial. El mínimo a que aspira la COFE para fijar un criterio de negociación hacia el fortalecimiento salarial es obtener la inflación pasada (libre de manipulaciones del IPC, incluso discutiendo la oportunidad de las “políticas heterodoxas”) más el crecimiento del producto; cuestión que asegure por lo menos detener el proceso de empobrecimiento que hemos tenido tanto si miramos las grandes ganancias del capital como incluso la evolución salarial promedio del resto de los trabajadores.

El ex-presidente Mújica sostenía que los trabajadores públicos eran privilegiados en varios aspectos. No obstante, eso no es del todo exacto, desde tiempos inmemoriales venimos peleando por un salario vacacional como el resto de los trabajadores y se impone redoblar la lucha.